Fundaciones ligadas a la discapacidad alertan sobre cambios a ley de Inclusión: “Se está perdiendo una oportunidad valiosa para perfeccionarla”

El caso Convenios ha dejado una herida profunda en las fundaciones, justo en un momento en que estas organizaciones se embarcaban en una lucha distinta, como es el cambio a la denominada ley de inclusión. Proyecto que fue presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que introduce una serie de modificaciones a la normativa, que no precisamente están generando consensos.

En septiembre, una veintena de corporaciones y entidades ligadas a la discapacidad envió una detallada carta al Congreso donde expusieron su preocupación por el proyecto, particularmente el aumento de 1% a 2% de trabajadores con discapacidad que obligatoriamente deben tener las empresas con 100 o más empleados, así como una indicación destinada a abordar la concentración de las donaciones generadas por la ley vigente.

Una de las organizaciones que levantó esta alerta es precisamente la Fundación Descúbreme, dirigida por Carola Rubia, quien conversó con Diario Financiero sobre los alcances de los cambios propuestos y sus posibles repercusiones.

- ¿Cómo estamos hoy en materia de inclusión y cómo ha funcionado la ley vigente?

- Sin ningún lugar a dudas, la ley 21.015 ha logrado colocar el tema de la inclusión laboral en la conversación de las empresas e incentivado a la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, el nivel de cumplimiento todavía es bajo, sobre todo al considerar el sector público.

También hay que considerar que la pandemia de Covid-19, y el posterior ajuste económico, ha afectado la contratación en general, y por lo tanto también el trabajo de las personas con discapacidad en particular.

- En ese contexto ¿qué tan pertinente es la modificación legal propuesta por el Ejecutivo y cuáles son los aspectos que más les preocupan?

- Respecto a los aspectos específicos de la reforma, desde la Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, de la cual somos parte, hemos identificados tres puntos principales.

El primero, sobre la entrada en vigencia de la reforma, que la sujeta al cumplimiento de la cuota del 1% actual. Esta norma genera incertidumbre entre los actores involucrados, sobre todo si no se mejora sustancialmente la fiscalización de la ley 21.015 vigente.
Luego, la disposición del proyecto que busca la desconcentración de las donaciones. Nos parece que no cumple con sus objetivos, porque no existe capacidad de gestión de donaciones en fundaciones pequeñas, sobre todo en regiones, y la atomización de los proyectos reduce el impacto real en materia de inclusión.

Y por último, los reglamentos y protocolos mencionados en el proyecto en tramitación debieran estar alineados con la Ley N°21.275 vigente, que desarrolla de mejor forma las obligaciones de las empresas en materia de políticas de inclusión.

- ¿Cuáles serían las consecuencias, de continuar la tramitación de estas normas sin cambios?

-Estimamos que se perdería una oportunidad valiosa para perfeccionar la ley y fomentar efectivamente la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en materia de contratación directa como a través de las medidas subsidiarias de cumplimiento.

Nos parece que es difícil que con esta reforma se puedan mejorar las estadísticas de cumplimiento de la norma si, por ejemplo, no se mejora la fiscalización y no existe mayor voluntad de cumplimiento en el sector público.

Finalmente, nos parece que existe además una contradicción con los objetivos de la ley, cuando analizamos este proyecto con la reforma al Decreto 64 promovida estos últimos meses por el Ejecutivo, el cual regula la implementación de la ley 21.015 y en cuya redacción final no participamos las organizaciones de la sociedad civil y que podría aumentar las obligaciones de las empresas aún antes de que se apruebe esta reforma legal, al modificar el cálculo de los trabajadores. Una legislación no habla con la otra, y esto traerá consecuencias importantes para las empresas, que podrían pasar a no cumplir la ley con este cambio, aunque antes sí lo hacían.

- A su juicio, ¿qué efectivamente hace falta para que las empresas, tanto públicas como privadas, adopten la inclusión?

- Sin duda, las leyes 21.015 y 21.275 han incentivado la inclusión de personas con discapacidad en las organizaciones, y muchas empresas han ido adquiriendo conocimiento sobre esta temática a través de la concientización de sus equipos de trabajo. No obstante, la existencia de la ley por sí sola no es suficiente; hay que generar una estrategia que incorpore la inclusión en el centro de las organizaciones.

- ¿Cómo se podría lograr?

- Para esto es importante que las empresas faciliten los espacios para potenciar el rol de sus gestores de inclusión. En este sentido, la conformación de comités de diversidad e inclusión y el apoyo e involucramiento de las gerencias, jefaturas y líderes juega un rol fundamental, así como la asignación de recursos humanos, monetarios y de gestión. Incorporar conceptos relacionados al enfoque de derechos de personas con discapacidad, accesibilidad y diseño universal, e igualdad de oportunidades, proporcionan una base para adoptar una cultura inclusiva en las organizaciones.

Por ejemplo, en España se han desarrollado varias normativas que definen los niveles de accesibilidad de las páginas web, de forma obligatoria para el sector público y para algunas empresas, estableciendo requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC. Esto ha permitido mejorar la autonomía y el acceso a la información de personas con discapacidad.

Adicionalmente, es necesario generar apoyos para que el segmento de micro y pequeñas empresas también se sumen a la inclusión como parte de su estrategia, a fin de que sea transversal. En la legislación española se otorgan incentivos tributarios a las empresas para la contratación, y también existe el beneficio de tutoría, que otorga un acompañamiento para apoyar y facilitar el desarrollo de conocimientos y habilidades para la gestión de la diversidad en estas organizaciones.

- Como fundaciones, ¿de qué manera las ha afectado el caso Convenios?

- Hay que decir que el caso Convenios ha aumentado la desconfianza general hacia las fundaciones, aún sin trabajar con ninguna de las formas y dineros cuestionados. Lamentablemente, (en este caso en particular) eso ha impedido que podamos ir a exponer a la comisión del Congreso, donde existe un desconocimiento sobre la labor que realizamos tanto respecto de los procesos de inclusión como de la gestión de los recursos que provienen de las donaciones, su fiscalización y los proyectos que se financian.